Europa ha experimentado un fuerte compromiso con los derechos
sociales de los ciudadanos desde 1945, derechos que hasta mediados
de 1970 incluían un compromiso del Estado con el pleno empleo.
Desde ese entonces, se ha desarrollado una nueva estructura social
que gira en torno al paradigma del Estado de inversión social, lo que
implica que el Estado asume la responsabilidad por la educación, la
salud pública y la seguridad social básica, incluyendo las políticas
de familia. Históricamente estos compromisos han seguido dos
direcciones: una de contribución, orientada al hombre proveedor
del hogar, y otra universal, financiada a través de los impuestos. La
primera domina Europa continental, mientras que la segunda prima
en el noreste europeo. El desarrollo y la expansión de las políticas
de familia han sido más inclusivos en los países escandinavos. Allí
se garantiza la licencia maternal y paternal para todas las madres y
los padres, con el derecho de retomar su anterior empleo; el cuidado
infantil y los subsidios o asignaciones por hijo resultan en una alta
tasa de empleo femenino y en un aumento de las tasas de fertilidad,
junto con el involucramiento del padre en el cuidado de los niños. Las
guarderías de alta calidad han demostrado ser importantes tanto para
los padres como para los niños. Las madres pueden seguir empleadas
en el mercado laboral formal sin tener que sacrificar el tener hijos y
criarlos, los hombres mantienen una mejor vida familiar y los niños
pueden, hasta cierto punto, escaparle a la herencia social. El énfasis
general puesto en la expansión de las políticas de familia a lo largo y
ancho de Europa ha significado una consolidación del financiamiento
de impuestos en los países continentales, contribuyendo hasta cierto
punto, en la convergencia de los Estados de bienestar europeos.